A partir de 1945 y después de dos guerras mundiales, los derechos humanos, y por extensión la seguridad pública, se convierten, oficialmente, en requisitos de legitimidad y justicia de las instituciones modernas. En este sentido, la relación derechos humanos-seguridad pública, es una relación de medio a fin; siendo el medio la seguridad pública y el fin los derechos humanos.

Hoy más que nunca, la seguridad pública se legitima como un derecho fundamental. Los organismos policiales que respetan los derechos humanos consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura de aplicación de la ley que no se basa en el miedo y en el poder, sino en el honor, la profesionalidad y la legalidad.

El Artículo 21 Constitucional dice que "Las instituciones de seguridad pública se rigen por los principios de: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos".